20.06.2015
Ayer viernes 19, como publicamos en exclusiva en nuestra cuenta de twitter @pucheronews, se revocó el privilegio del ex coronel uruguayo Cordero a la prisión domiciliaria.
Durante el Juicio del Plan Cóndor, muchos sobrevivientes uruguayos reconocieron a Manuel Cordero como una de las personas que los interrogó y torturó en Automotores Orletti en 1976, cuando dicho centro clandestino se convirtió en la base operativa de la coordinación represiva en la Argentina. Hay testimonios también que lo acusan de torturas en Buenos Aires ya en 1974.
Una secuencia negra
La trayectoria delictiva de Cordero cruza las fronteras tanto durante épocas democracia como de dictadura. Aún antes del golpe de marzo de 1976, Cordero ya actuaba en la Argentina.
Torturó al ex militante tupamaro Antonio Viana Acosta en Buenos Aires en febrero de 1974 y probablemente fue uno de los secuestradores del grupo de uruguayos conocido como los fusilados de Soca en diciembre de 1974.
En Uruguay, ya había asesinado bajo tortura a Iván Morales Generali en 1973.
Ex militar Manuel Cordero durante una audiencia en Buenos Aires. Foto: H.I.J.O.S. Capital
Especializado en inteligencia, se integró a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y actuó junto al Servicio de Información y Defensa (SID). Cordero, alias «303», operaba en el centro clandestino de torturas «300 Carlos» en Montevideo.
En Buenos Aires, fue responsable, entre otros crímenes, de las torturas y desaparición de Gerardo Gatti y León Duarte, de la violación de una integrante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), de extorsión de dinero, y del traslado del conocido «segundo vuelo», en el que 22 uruguayos, integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo, fueron desaparecidos en octubre del 1976. Entre sus crímenes, se incluye también el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de 1976.
Cordero cometió crímenes de lesa humanidad más allá de las fronteras gracias al nefasto Plan Cóndor. Los esfuerzos para que esos crímenes fuesen juzgados también no tuvieron fronteras, y gracias a la labor de argentinos, uruguayos y brasileños, Cordero se convirtió en el primer militar uruguayo a ser juzgado en la Argentina.
Tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires. Foto: Francesca Lessa
No era la primera vez que se intentaba llevar frente a la justicia a agentes uruguayos por crímenes cometidos en la Argentina en el marco del Plan Cóndor. Efectivamente el indulto 1003 de octubre de 1989 del Presidente Menem incluía a cuatros imputados uruguayos, uno de ellos era Manuel Cordero.
Fuga y captura
Ex coronel y agente de inteligencia del Ejército uruguayo, Cordero huyó a Brasil en julio de 2004 para eludir un juicio por el delito de apología de la tortura.
Pocos meses después, el activista de derechos humanos brasileño, Jair Krischke, había iniciado una investigación conjunta con el diario LA REPUBLICA y el periodista Roger Rodríguez de Uruguay. Así pudieron ubicar a Cordero en enero de 2005. Vivía en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento, en Rio Grande do Sul.
Su paradero no era desconocido a las autoridades uruguayas: desde Brasil, el ex militar seguía cobrando su jubilación.
El pedido de extradición llegó al Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2008. En 2009, se decidió y autorizó su extradición a la República Argentina, donde Cordero habían cometido los crímenes de los que estaba acusado. Al llegar a Buenos Aires en enero de 2010, las autoridades argentinas se comprometieron a continuar el tratamiento médico de Cordero.
Desde el 5 de marzo de 2013, Cordero es el único imputado extranjero en el juicio por el Plan Cóndor y Automotores Orletti II.
Automotores Orletti, ex campo de torturas, Bs As.
En esta causa, Brasil concedió su extradición en relación a la privación ilegal de la libertad/desaparición forzada de 10 ciudadanos uruguayos y una argentina, la mamá de Macarena Gelman -nieta del famoso poeta argentino, secuestrados por el Plan Cóndor en 1976 en Buenos Aires.
Es el primer juicio que abarca la asociación ilícita que se estableció entre las dictaduras sudamericanas en los 70 para perseguir sus opositores políticos a lo largo y ancho de toda la región.
Privilegios revocados
En el marco de ese juicio, Cordero gozaba de prisión domiciliaria que le había sido concedida por el juez instructor. Hasta ayer.
El pasado jueves 18 de junio, el Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Buenos Aires, compuesto por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer, decidió revocar dicho beneficio, dado que el imputado violó repetidamente los términos de la domiciliaria.
De la resolución del Tribunal, se desprende que, ya a comienzo del mes de junio, los jueces habían ordenado que se practicaran “discretas tareas de inteligencia y seguimiento” por un plazo de 15 días sobre el imputado que cumplía domiciliaria en la Capital Federal.
El Tribunal ya había detectado varias irregularidades en los términos de la prisión domiciliaria, entre ellos su asistencia irregular al hospital donde recibía tratamiento por sus problemas de salud. La vigilancia y el seguimiento del imputado permitieron además comprobar que salía de su casa para ir al supermercado, al kiosco, a la verduleria y pollería, sin la autorización del tribunal para transitar en esos sitios.
Ayer viernes 19, como publicamos en exclusiva en nuestra cuenta de twitter @pucheronews, se procedió con la detención de Cordero en la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Comodoro Py 2002. El tribunal dispuso “su alojamiento en el establecimiento penitenciario que por turno corresponda y que pueda atender las demandas de salud que presenta el encausado”.
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