19.05.2016
Por Juan Elman
La semana pasada, la Cámara de Senadores brasileña ratificó lo que se esperaba: Dilma Rousseff fue apartada de su cargo por 180 días. En su lugar asumió Michel Temer. El Partido de los Trabajadores (PT) -aquel que con el liderazgo de Lula Da Silva llevó a Brasil a ser una potencia mundial- se derrumba. ¿Por qué se habla de golpe?
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Vamos por partes. Lo primero para empezar a comprender este proceso -o al menos intentarlo- es saber de qué se la acusa a Dilma, y no es corrupción. Dilma está acusada de utilizar fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. Rousseff habría modificado presupuestos sin la aprobación del congreso, con el fin de maquillar y equilibrar el déficit. En Brasil, lo llaman “pedaleadas fiscales”.
¿Tiene, además, cargos de corrupción en su contra? Sí. El escándalo de Petrobras, que también involucra a Lula y a los que quieren destituirla, salpica a Dilma. Entre otras acusaciones, se dice que la campaña presidencial del 2014 fue financiada con recursos provenientes de la empresa estatal.
Los jueces de Dilma no son ejemplo de nada. La mayoría de los políticos brasileños enfrentan cargos, algunos son incluso más severos que corrupción. De los 513 diputados que tiene Brasil, 273 tienen o han tenido cuentas pendientes con la justicia. En el senado el porcentaje es aún mayor: el 60% tiene causas en contra y la comisión de Impeachment tampoco se salva: más de la mitad de los miembros están siendo investigados. Todos estos datos los aporta la organización Transparencia Brasil. Además de corrupción, hay denuncias por extorsión, tortura o por portar armas de fuego.
Movilizaciones en Brasil. Foto: Google Images
Párrafo aparte merece Eduardo Cunha, el oscuro político que orquestó la maniobra contra Dilma. Cunha, que hace un par de semanas fue destituido de la presidencia de la Cámara de Diputados por decisión unánime de la Corte Suprema, está procesado por corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas. Se dice que el motivo por el cual impulsó el juicio político es de venganza. Cunha se enemistó con Dilma el año pasado, cuando comenzó a ser acechado por la justicia. El gobierno no solo tomó distancia, sino que apoyó la apertura de un juicio político para destituirlo de su cargo. Eduardo Cunha es uno de los políticos más influyentes dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño(PMDB), que hasta el mes pasado era el aliado más importante que tenía el PT. Ahora podrán entender porque muchos lo llaman el Frank Underwood brasileño, en referencia al protagonista de la serie “House of Cards”.
Dicho en otras palabras, Dilma es acusada del único delito que no involucra a los que quieren destituirla.
Resulta imposible analizar este proceso sin tener el cuenta el contexto en el cual está inmerso Brasil. Además de la gran crisis política, el país atraviesa la peor recesión económica en décadas. Se estima que el PBI caerá al menos un 4% este año y desde que Rousseff asumió su segundo mandato en 2015, se perdieron más de dos millones de puestos de trabajo. El desempleo en el primer trimestre de este año rozó el 11%, todo esto según datos oficiales. Según expertos, la caída de los precios de las commodities tuvo mucho que ver, pero no fue lo único: también cuestionan las decisiones que tomó Dilma. Brasil ya no es más la potencia económica que supo ser en su momento.
El descontento social es evidente. Dilma Rousseff es la presidente más impopular de la región según el centro de Opinión Pública de Brasil y sufrió en los últimos meses masivas marchas en su contra. Entonces, la pregunta que hace falta es: ¿sería Dilma sometida a un juicio político si el país estuviera mejor económicamente?
Por último, ¿qué es lo que le espera a Brasil ahora? Los que llegaron hasta acá se habrán dado cuenta que poco se habló del presidente interino de Brasil: Michel Temer. El “vicepresidente decorativo” -así se describió en una carta dirigida a Rousseff que fue filtrada por la prensa- será la figura más importante del país, al menos por 180 días.
Movilizaciones contra el vicepresidente Temer. Foto: Google Images
El pueblo brasileño tampoco lo quiere. Si se presentara a elecciones no sacaría más de un 2% y tres de cada cinco brasileños quieren que sea sometido a juicio político, al igual que Dilma. Dos días después de asumir sufrió multitudinarios cacerolazos en las principales ciudades y hasta en el estreno de una película brasileña en Cannes lo repudiaron. Si Dilma es encontrada culpable, Temer deberá gobernar hasta 2018. Pocos creen que aguante.
Su gabinete, con fuerte orientación a lo económico, intentará alejar la crisis lo más posible, aunque tenga todos los pronósticos en contra. Los 21 ministros -no hay ninguna mujer- tampoco escapan a los problemas judiciales: la mayoría tiene causas en contra. Los nombres que eligió Temer incluyen gente del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), el partido que perdió las elecciones en el 2014 y que lo viene haciendo desde hace más de una década.
Estos son algunos de los motivos por los cuales Dilma acusa un golpe en su contra. Existen voces que aseguran que esto se trata de un proceso constitucional, totalmente legítimo. Consultada por Puchero, la politóloga argentina María Esperanza Casullo afirmó: “No creo que sea golpe, pero tampoco creo que sea legítimo. Son procesos de nuevo cuño para los cuales no tenemos un buen nombre”.
Golpe o no, mientras le encontramos una categoría, la gran pregunta que resta es cómo logrará Brasil respetar sus instituciones y los valores democráticos. Algunos creen que el gigante sudamericano no podrá volver a ser potencia. Algunos creen que la crisis recién comienza.
