17.03.2017
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La redacción de Pucheronews repudia las recientes amenazas de muerte contra 13 personas en Uruguay. Abogados, operadores de la justicia, autoridades y defensores de Derechos Humanos tanto uruguayos como extranjeros; el denominador común de los amenazados es tener algún rol en las causas judiciales por las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1984). Pucheronews condena estas amenazas -que tienen en la lista a nuestra colaboradora Francesca Lessa- y urge al estado uruguayo a realizar el mayor esfuerzo para dar con los responsables y asegurar que las organizaciones de Derechos Humanos puedan seguir su trabajo sin ser intimidadas.
Marcha contra la amenza y el robo al Giaf, Uruguay. Foto cortesía: Martha Passeggi.
La amenaza
El 28 enero de 2017 Jorge Díaz, Fiscal de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, recibió un email por parte de un autodenominado “Comando Gral. Pedro Barneix”. El mail decía:
“El suicidio del Gral. Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista».
Las personas amenazadas en esa lista incluían el ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos del Uruguay, Mirtha Guianze -quien como fiscal presentó un recurso contra la ley de amnistía por un homicidio perpetrado durante la dictadura; Juan Errandonea, abogado defensor en ese proceso; Óscar López Goldaracena, abogado defensor de una causa penal por otro homicidio político de la dictadura; Federico Álvarez Petraglia, quien presentó denuncias de 28 mujeres por abuso sexual mientras estaban bajo detención ilegal en un batallón del Ejército; Juan Fagúndez, abogado defensor en una causa judicial contra decenas de militares por torturas; Hebe Martínez Burlé, quien presentó ante la justicia el caso por el cual fue sentenciado a la cárcel el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry; y cinco personas vinculadas al Observatorio Luz Ibarburu que da seguimiento a las denuncias penales por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura: el abogado Pablo Chargoñia, el magistrado francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la ex canciller Belela Herrera; así como la investigadora italiana Francesca Lessa.
¿Quien era Pedro Barneix?
En 2005, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez había nombrado al general Pedro Barneix, quien formaba parte de la inteligencia militar, a cargo de un grupo para investigar específicamente el destino de detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya.
En septiembre de 2015, la policía se presentó en la casa de Barneix para llevarlo a la cárcel; había sido procesado por el homicidio político en 1974 de Aldo Perrini que murió debido a las torturas sufridas en el Batallón de Infantería Número 4 de Colonia. Nunca llegó a la cárcel, el general Barneix se suicidó en su casa.
La investigación y el repudio
A raíz de la denuncia realizada por el Fiscal de Corte, la jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero están trabajando junto con la Dirección General de Información e Inteligencia policial para rastrear el origen del correo. No es una tarea fácil.
El mensaje fue enviado a través de un sistema llamado TOR, que es conocido por su capacidad de mantener en el anonimato a sus usuarios y esconder la ubicación de los mensajes enviados, ya que los mismos son triangulados en varios servidores localizados en diversos países.
Por otro lado, las amenazas han sido repudiados por varias agrupaciones tanto adentro de Uruguay como en el exterior, entre ellos la Mesa Política del Partido Frente Amplio, el Observatorio Luz Ibarburu, el Colegio Médico del Uruguay, el Colegio de Abogados del Uruguay, y Donde Están Francia.
En particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las amenazas en un comunicado de prensa del 1 de marzo. La CIDH resaltó en particular que “si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo estas amenazas de muerte, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante la dictadura”.
Memorial a Detenidos Desaparecidos. Foto cortesía: Martha Passeggi
Episodios anteriores
Esta amenaza se enmarca en un contexto preocupante. Hace casi un año, al retomar las actividades después de Semana Santa los integrantes del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) denunciaron que su laboratorio había sufrido un robo, tanto de materiales en papel como el hurto del disco duro de una computadora con valiosos archivos. Además, los autores del hurto habían dejado un mapa con las direcciones de los integrantes del GIAF, que participaban desde hace muchos años en las excavaciones en búsqueda de detenidos desaparecidos. A pesar de varias investigaciones de la policía y de la justicia, nunca se pudo determinar quienes habían sido los autores del hecho. En décadas anteriores, hubo otros atentados. Por ejemplo contra el dirigente sindical Hugo Cores (1937-2006) -fundador del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que integra la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA), y en el estudio del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que en septiembre de 2003 fue atacado a balazos.
Más recientemente, el 7 de febrero, Isabel Prieto Fernández, periodista de Caras & Caretas, fue atacada con armas de fuego por desconocidos en motocicleta cuando iba en auto con su pareja camino a Montevideo. El día anterior había denunciado maltrato policial mediante un artículo periodístico.
La situación en Uruguay es preocupante y se inscribe en un contexto regional que abre interrogantes y debe ser observada con detenimiento.
Leé más sobre estos temas en nuestra sección Juicio al Cóndor
