31.08.2017
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Chile aprobó este martes la despenalización del aborto en tres supuestos. Así, dejó de ser el único país sudamericano que lo prohibía en todas las circunstancias.
Tras casi tres décadas de lucha iniciadas en 1989, cuando Augusto Pinochet decretó que el aborto quedaba penalizado bajo cualquiera de sus motivaciones, las mujeres chilenas podrán ahora efectuarlo sólo si su vida corre peligro, si el feto padece una alteración estructural congénita o genética de carácter letal o si el embarazo fue producto de una violación.
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó hace una semana los últimos requerimientos de los opositores a la medida y avaló el proyecto presentado por Michelle Bachelet y aceptado por el Congreso a comienzos de agosto.
“Hoy día han ganado las mujeres”, dijo la presidenta Bachelet. “Hemos reconquistado un derecho básico que es poder decidir por nosotras mismas en casos extremos”, continuó Bachelet, quien en la presentación del proyecto había señalado: “En una sociedad donde las ciudadanas son plenas y libres el estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y su deseo de ser madre”.
Con esto, Chile rompió con uno de los lastres de los últimos días de la dictadura militar y se apartó de países como Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras en cuestiones de interrupción del embarazo. Sin embargo, la lucha de las mujeres por sus derechos todavía no está saldada, pues poder decidir en casos extremos y decidir sobre el deseo de ser madre no es lo mismo. En consecuencia, la clandestinidad no terminará con el grueso de los casos.
Además, actualmente, en el país sureño se realizan 70.000 abortos por año en condiciones de extrema inseguridad de los 160.000 que se efectúan en el mismo periodo, lo que muestra la alta tasa de riesgo a la que se exponen principalmente los sectores socioeconómicos con menos recursos. Entre el 2006 y el 2015, por ejemplo, 506 personas fueron acusadas por los delitos de aborto contemplados en el Código Procesal Penal y la mayoría de estas denuncias parten de hospitales públicos, cuando las personas con mayores ingresos se atienden en los establecimientos privados.
Problemática regional
Si bien es cierto que con este progreso Sudamérica deja de tener países que prohíben la interrupción del embarazo sin importar la causa; a nivel mundial, la región solo se ubica por delante del continente africano y medio oriente, muy retrasados ambos en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos. En países como Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela el aborto solo está permitido en caso que la vida de la mujer esté en riesgo, mientras que en Argentina, el segundo país con más casos registrados llegando a medio millón anuales, se incluye la causal por violación.
Chile, con esta última iniciativa, se suma a Brasil, donde se registra el número más alto (aunque en relación a su población es bajo) y a Colombia, donde se realizan 400.000 abortos por año. Solo en Uruguay está totalmente despenalizado siempre y cuando se haga dentro de un plazo establecido como es el caso de Cuba, Costa Rica y México, a pesar de ser este último un país sumamente católico, credo que por lo general es una de los principales opositores a la medida.
No es la legalidad, ni incluso el menor riesgo que esto implicaría, lo que determina la decisión de interrumpir un embarazo como argumentan los sectores conservadores. En América Latina aumentan los casos de aborto, como también las tasas, año a año a pesar de su penalización. En Europa, ha habido un descenso en ambos índices al igual que en América del Norte, países en los que el aborto es legal.
El problema pasa entonces por el peligro que implica realizarse una intervención de este tipo en un contexto que lo reprueba. Esta situación se vuelve más crítica en los sectores con menos recursos. Por ello, además de ser un debate ético, es una cuestión social que no hace más que ensanchar las diferencias entre clases socioeconómicas. Por supuesto, esta medida en Chile respecto al aborto es un avance no solo en materia de los derechos y libertades de las mujeres sino también en igualdad social -aunque llega después de casi 30 años de lucha. Este delay me recuerda una anécdota.
James Cameron a los 16 años, el 7 de agosto de 1930, logró escapar de un linchamiento de afroamericanos en Indiana por parte de grupos blancos. Desde ese momento, trabajó para ilegalizar estas salvajes costumbres, fundando, por ejemplo, el Museo Americano del Holocausto Negro. Definió que entre 1882 y 1968 fueron linchadas 4749 personas, tiempo además en el que se presentaron más de 200 proyectos de ley y siete presidentes le pidieron al parlamento su prohibición federal, cosa que el Congreso ignoraba. Recién en el 2005, el Senado difundió un comunicado que excusaba su comportamiento. Camerón, entonces, respondió: “Llega con cien años de retraso”.
Ojalá que las leyes que faltan sobre derechos sexuales y reproductivos no se tarden un siglo.
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