13.10.2017
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Con la desaparición de Santiago Maldonado, el debate sobre la tierra y los derechos indígenas se reavivó en Argentina. El pueblo mapuche resiste en el sur del país a diario, no solo por el territorio de sus antepasados, sino también por sus vidas. Ahora, se los estigmatiza como violentos y terroristas.
Con la media sanción a la prórroga de la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión de tierras indígenas, y a puertas de las elecciones parlamentarias y sin respuesta alguna sobre el joven desaparecido, la violencia del conflicto entre el Estado argentino con las comunidades se ha vuelto evidente. Mónica Mazariegos, abogada guatemalteca especializada en Derechos Humanos, ha estudiado a los pueblos originarios y su conflicto con las altas esferas del poder. “El incremento de la violencia estatal se constata en los últimos años desde México hasta la Patagonia”, señala. Ella considera que se parte de una definición transnacional de la imagen del terrorista para utilizar la llamada violencia “legítima”.
“Estamos viendo una institucionalización progresiva de la represión a través del derecho y las políticas de seguridad, en general, y particularmente del derecho penal del enemigo”, expresó Mazariegos a PucheroNews.
En este sentido, Silvina Zimerman, doctora en derecho y experta en asuntos indígenas, observa que en el actual gobierno argentino hay una fuerte campaña para visualizar a las comunidades mapuches como terroristas, al construir un sujeto violento cuando ellos reclaman el reconocimiento de sus derechos.
“Nunca pasó como ahora que, frente a una situación de violencia como la de Vuelta del Río o la del Pulof, el Gobierno Nacional se alineara con el desconocimiento del derecho indígena y con el apoyo a las Fuerzas de Seguridad sin saber lo que sucedió”, dijo Zimerman a PucheroNews.
Los desenlaces de esta forma tienen, por lo general, causas económicas. “Esta violencia ‘legítima’ ejercida por el estado es cada vez más común por la defensa de un modelo económico”, decía la guatemalteca sobre este modelo que se mantiene, muchas veces, por los sectores privados. “Hay grandes intereses económicos y grandes desigualdades de estas empresas transnacionales con las comunidades indígenas”, señaló sobre el caso argentino la doctora Zimerman. “Este caso es el de la empresa Benetton, o sea de una gran empresa, contra la comunidad mapuche y sus tradiciones. Hay una asimetría de poder muy profunda de acceso a recursos jurídicos, económicos y legales”.
El debate pasa, entonces, por reconocer o no las propiedades, derechos, autoridades y costumbres indígenas. Para Mazariegos hay dos maneras de concebir la convivencia y las relaciones con los pueblos que tienen que ver con las decisiones que les afectan en la esfera pública: el monismo jurídico y el pluralismo jurídico. El primero es el fundante de todos los estados nacionales desde el siglo XIX con un estado correspondiente a una nación, a un lenguaje, a una cultura y hasta a una religión, mientras el segundo entiende que el Estado y el derecho contiene mundos normativos inherentemente contradictorios. “Pueden acoger normativas que son diferentes, que no coinciden, incluso que discrepan con el ordenamiento occidental y que, a pesar de eso, son parte de la realidad legal porque constituyen los canales a través de los cuales la vida real discurre y se resuelve”, explicó.
Desde la perspectiva de Zimerman la solución a estos conflictos no es imposible. Pasa, más bien, por una cuestión de voluntad y decisión política. “Hay países que lograron tener políticas más equilibradas como Bolivia y Ecuador en las que se reconoce por un lado los derechos indígenas y los respeta y, por otro, también llevan adelante proyectos económicos y de desarrollo para el país”, señaló la también profesora en la Facultad de Derecho.
Para ella, recién desde la Reforma Constitucional de 1994 se comenzó a avanzar en este campo en el país, en contraste con lo que era anteriormente cuando se buscaba convertir a las comunidades al catolicismo desde una concepción “asimilacionista” del derecho.
El Estado y las comunidades
En la mayoría de Estados, de todas formas, fue recién a fines del siglo XX que la concepción más pluralista se adhirió al derecho con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989. El derecho a la consulta fue reglamentando en pocos de los países adherentes. El derecho a la consulta, para Mazariegos, podría ser una vía para anticiparse y prevenir estos conflictos.
“No hay que perder de vista que el surgimiento del reconocimiento de los derechos indígenas es el momento del surgimiento del neoliberalismo”, agregó la abogada, quien ve por una parte que este reconocimiento puede alinearse al modelo económico y, por otra, puede interferir en este.
“El pecado original del reconocimiento de estos derechos es que se dio a las puertas de los tratados de libre comercio y las medidas de ajuste estructural recetados por el consenso de Washington”, dice Mazariegos que identifica dos fases del modelo mencionado: la de la privatización de los bienes públicos, que es cuando se hacen también los reconocimientos; y la segunda y actual, caracterizada por ser mayormente extractivista.
Fue en esa primera etapa en la que se incluyó un artículo nuevo en la Constitución argentina de 1994 en que el que se reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, un respeto a su identidad cultural y los derechos a la tierra y la propiedad.
“Una vez que ocurre eso, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo no dictaron ninguna ley para hacer efectivo esos derechos”, dijo Zimerman sobre una época que caracterizaba con grandes proyectos económicos, donde aumentaron “exponencialmente” las industrias extractivas, mineras, petroleras e incluso se corrió la frontera agrícola hasta Salta como “caso paradigmático”, lo que agravó mucho la conflictividad. Recién en el 2006 se sancionó la ley 26.160.
Esta ley declaró, por una parte, la emergencia de las comunidades y suspendió el desalojo de estas por parte de las autoridades administrativas y la justicia. A su vez, inició el relevamiento de los territorios indígenas, que aún hoy no se ha terminado. “Con esto se reconoce legalmente su existencia y su derecho sobre cada tierra”, explicó Zimerman. Sobre la tercera posibilidad de prórroga opinó: “Lo peor que puede pasar es que no esté terminado el relevamiento y a la vez no se prorrogue la ley. Sería tierra de nadie. Se podrían generar muchas situaciones de violencia”.
El programa de esta ley no prevé:
- Entregar el título de propiedad a las comunidades indígenas, título comunitario que en fin sirve como una defensa legal.
- Muchas provincias no la ejecutan como el caso de Neuquén que tuvo que llegar al Tribunal Supremo de Justicia.
- El relevamiento, muchas veces, se hizo contra de la voluntad o las costumbres de la comunidad.
Zimerman tiene una visión negativa sobre el trabajo actual de los funcionarios. “El gobierno anterior nunca se tomó con compromiso la agenda indígena, pero, ahora, hay un retroceso peor o más profundo”, consideró la abogada. “Las discusiones que pone en la mesa el gobierno son discusiones impensadas, que ya se habían hecho y habíamos ganado, por ejemplo, que los indígenas tienen derechos, que son un pueblo diferenciado, con una cultura diferente”, criticó la también docente.
Para Mazariegos, hay una ruptura epistémica que es evidente en los casos de tensión con los derechos indígenas relacionados con la naturaleza, que se agudiza si el Estado no se encuentra en la disposición y actitud de apelar al diálogo intercultural. “Hablamos de modelos de vida, de sistemas de creencias disímiles y hasta discrepantes entre sí, de concepciones de relación con la naturaleza muy distintos, quizás antagónicos, que necesitarían para compatibilizarse de una traducción intercultural que no se hace”, especificó. La especialista guatemalteca coloca como objetivo la escucha atenta y activa por sobre cualquier alternativa violenta. El reconocimiento del «otro», entonces, no se hace a través de la fuerza, sea legítima o no, sino en la búsqueda y entendimiento de esas motivaciones y esas razones ajenas que no tienen por qué ser menos valoradas que las nuestras.
FOTOS: Gonzalo García; Flavia Calo
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