23.03.2018
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En las vísperas de un nuevo aniversario del 24 de marzo, a 42 años del golpe cívico-militar en Argentina, el panorama de derechos humanos es sumamente complejo. Avances y retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia coexisten, generando una situación donde la tensión entre la impunidad y la justicia es cada día mas evidente.
No hay duda que Argentina es el país que más ha avanzado cuando hablamos de justicia por los crímenes del pasado. La CONADEP de 1984, el Juicio a las Juntas de 1985, las leyes reparatorias y los juicios por la verdad en los años 90, y la anulación de las leyes de impunidad e indultos en los 2000 colocan a Argentina en un lugar pionero no solo a nivel regional, sino que global también.
Según las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta diciembre de 2017, 856 personas habían sido condenadas por crímenes de lesa humanidad, 110 absueltas, y 701 están siendo procesadas. Se han finalizados 200 juicios y 17 están en cursos. En ellos, se abarcaron varios de los delitos cometidos durante la ultima dictadura, es decir secuestros ilegales, asesinatos, tortura, apropiación ilegal de bebes, y violencia sexual.
En los países vecinos, como Chile y Uruguay, se han investigado solamente secuestros y asesinatos, dejando a un lado otros tipos de delitos como la tortura, que fueron usados de forma sistemática.
En 2017, los retrocesos fueron igualmente muy claros. En mayo, la Corte Suprema de Justicia aplicó una reducción de pena, conocida como 2×1, a un civil, Luis Muiña, que había sido condenado por delitos de lesa humanidad en 2011. Temiendo que dicha medida se extendiera a mas personas condenadas, la reacción de los organismos de derechos humanos, apoyados por la sociedad argentina, fue inmediata, llenando la Plaza de Mayo con miles de personas en protesta. Debido a una protesta popular tan masiva, el gobierno y el parlamento se vieron obligados a sancionar una ley que restringe la aplicación del 2×1.
