25.03.2019
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El 18 de marzo, la Fiscal Tiziana Cugini y el Procurador General Francesco Mollace solicitaron condenas de prisión perpetua para todos los 24 imputados que enfrentan esta segunda etapa del juicio Cóndor frente a la Primera Corte de Asís de Apelación de Roma ¿Cuáles son los antecedentes de este importante juicio?
Fiscal Tiziana Cugini. Foto cortesía de Lilia Di Monte
En los últimos 40 años, los tribunales de diez países han abierto 36 causas para aclarar los delitos transnacionales cometidos por la Operación Cóndor en la década de 1970. La investigación de la Operación Cóndor ha sido un proceso judicial sin precedentes que permitió romper la muralla de impunidad que existía en muchos países latinoamericanos, entre ellos en particular, Argentina, Chile, y Uruguay. El juicio que se está llevando a cabo en Italia por la Operación Cóndor es solamente el más reciente de todos. Ya en los años 80, cuando las dictaduras empezaban a dejar el poder en Suramérica, las víctimas y sus familiares enseguida empezaron a presentar muchas denuncias frente a las cortes de sus países. Cuarenta años después, este proceso de justicia sigue en curso.
La Operación Cóndor
Como es sabido, entre los años 1950 y 1980, las dictaduras latinoamericanas reprimieron sistemática y brutalmente cualquier forma de oposición, sea pacífica o armada. Miles de personas fueron víctimas de secuestros y detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. Hasta niños y niñas recién nacidas durante la detención clandestina de sus madres eran robados e ilegalmente adoptados por familias que apoyaban esos regímenes.
Además de la represión desatada dentro de cada país, los estados criminales suramericanos establecieron hasta fines de 1975 la llamada Operación Cóndor, para coordinar sus políticas represivas y crear una zona de terror e impunidad sin fronteras en todo el continente. Sus fundadores fueron Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Brasil se sumó en 1976, mientras que Perú y Ecuador lo hicieron en 1978. Uno de los blancos principales de dicha operación fueron los exiliados y refugiados políticos que se había asilado principalmente en la Argentina.
No hay certeza de cuántas fueron las víctimas de la coordinación represiva que operó entre 1969 y 1981. Durante mi investigación, he creado una base de datos para contabilizar los casos que podía confirmar. Hasta la fecha, se pudieron registrar 493 víctimas de trece países. La mayoría son uruguayos (244 casos, 49%), luego chilenos (94, 19%), y argentinos (82, 16%).
Abogados del juicio en Roma en Primera instancia
Foto cortesía de Lilia Di Monte
¿Justicia sin fronteras?
¿Cómo responder al terror sin fronteras? ¿Qué opciones tienen las víctimas, sus familiares, y los defensores de derechos humanos para lograr justicia?
Investigar los delitos transnacionales implicó una compleja red de actores, países, y tribunales. Además de mapear los casos de las víctimas, he intentado recopilar información sobre todos los juicios vinculados a la Operación Cóndor. A partir de fines de la década de 1970, por lo menos 36 denuncias se han presentado en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, EEUU, Brasil, Perú, España, Francia e Italia. Los sobrevivientes, sus familiares, sus abogados, y los defensores de derechos humanos han sido los principales impulsores de este extraordinario proceso de justicia que trascendió las fronteras de cada país y de Suramérica.
La mayoría de estos casos (19 de 26) ya han tenido por lo menos una sentencia en primera instancia. Tres fueron archivados por la muerte de los imputados, mientras que 14 se encuentran en curso (en juicio o en etapa de instrucción). Las sentencias dictadas hasta ahora en estas 19 causas resultaron en la condena de 86 imputados en relación a 219 víctimas. Algunos imputados han sido condenados más de una vez por diferentes casos.
La mayoría de las causas (33) investigan episodios específicos de delitos, considerando grupos de víctimas delimitados por su militancia política, por el lugar de detención, o por ser casos emblemáticos del Cóndor, como por ejemplo el asesinato del diplomático chileno Orlando Letelier en Washington en septiembre de 1976. Solamente en tres casos, los fiscales y jueces examinaron la modalidad operativa de toda la red transnacional del terror. El más significativo fue el juicio Plan Cóndor que se llevó adelante en Buenos Aires entre 2013 y 2016 que, basándose en 107 casos emblemático de víctimas de diferentes nacionalidades, pudo abarcar el funcionamiento general de la coordinación represiva.
Uruguay es el país donde se registraron más denuncias (13 de las 36). El hecho de que casi la mitad de todas las víctimas de la coordinación represiva eran uruguayos explica parcialmente la ocurrencia de tantas querellas. Por otro lado, en Uruguay, no se ha adoptado el sistema de mega causas para coordinar la investigación, sino que causas más pequeñas. En Argentina, por otro lado, las mega causas han permitido sistematizar la persecución penal de los delitos de la dictadura. Las 8 denuncias, de hecho, abarcan un número muy amplio de víctimas de la coordinación represiva, de 40 hasta 300 en cada caso. Finalmente, 5 juicios tuvieron lugar en Chile, 3 en Italia, 2 en Perú, y uno cada uno en Paraguay, EEUU, Brasil y Francia.
Testimonios en Roma en primera instancia
Fotografía de Lilia Di Monte
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Los orígenes de este proceso de justicia se pueden rastrear en los años 1976 y 1977, cuando algunos sobrevivientes uruguayos del Cóndor fueron pioneros en relatar lo sufrido a Amnistía Internacional. Los esfuerzos para lograr justicia continúan hoy en día. El veredicto más reciente se dictó apenas unos meses atrás, en Chile, el 21 de septiembre de 2018, concluyendo una investigación de 20 años de duración. Estas causas no sólo investigaron los delitos de la Operación Cóndor, sino que además contribuyeron de forma estratégica a la lucha contra la impunidad en la región. Hasta finales de los años 1990, la impunidad era casi absoluta. Y fue en este contexto que las investigaciones sobre la Operación Cóndor empezaron a romper la muralla de impunidad.
En Chile, las víctimas y sus familiares presentaron a partir de enero de 1998 más de 200 denuncias contra Pinochet por los crímenes de la dictadura. Por mucho tiempo, el General logró escaparse de la justicia hasta que, en diciembre de 2004, el juez Juan Guzmán resolvió encausarlo en el marco de la denuncia por la Operación Cóndor. En Argentina, en el caso que investigaba el asesinado del ex General chileno, Carlos Prats, y su esposa en el exilio en Buenos Aires en 1974, la Corte Suprema de Justicia estableció que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, dando así un paso clave para la continuidad de todos los juicios por violaciones a los derechos humanos. En Uruguay, el litigio estratégico de casos de la Operación Cóndor contribuyó a derrumbar la ley de impunidad que regía en el país desde fines de 1986. Los abogados argumentaron que dicha ley no se podía aplicar a delitos cometidos por agentes uruguayos fuera del territorio nacional. La justicia aceptó esta posición y en marzo de 2009 los tribunales dictaron por primera vez una sentencia por violaciones de derechos humanos, en relación con el asesinato en Buenos Aires de 28 uruguayos miembros del Partido por la Victoria del Pueblo.
Mirtha Muianze, Fiscal de causas Cóndor en Uruguay
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p style=»text-align: center;»>Fotografía de Lilia Di Monte
Estos ejemplos demuestran cómo las investigaciones sobre la Operación, gracias a la naturaleza transnacional de los delitos, permitieron romper la lógica de impunidad y de amnistía en el Cono Sur. Desde ese momento, centenares más de agentes han sido procesos por violaciones de derechos humanos en toda la región.
Leé nuestra sección Zoom sobre el Plan Cóndor
