13.08.2015
Uno de los degollados es el papá de un querido amigo. Conocí a Camilo en París, hace casi 20 años. Recuerdo bien cuando me contó sobre el asesinato de su padre, José Manuel Parada. Tratar de imaginar la escena que el me describía me causaba dolor. Inconmensurable el sufrimiento de mi amigo, de toda su familia, de la sociedad chilena.
Marzo de 1985 / 8:50 am.
José Manuel había llevado a su hija de once años a la escuela como cualquier mañana. Parada conversaba con el maestro Manuel Guerrero en la puerta del Colegio Latinoamericano de Integración. De pronto, sobre la avenida Leones de Santiago de Chile un vehículo no identificado se detuvo frente a ellos. Subieron al auto a punta de cañon. Antes de partir, los secuestradores dispararon a quemarropa a un profesor que trató de detenerlos.
En ese momento un helicóptero sobrevoló sobre el colegio, el tránsito era desviado para que el vehículo desapareciera rápidamente. No fue una mañana cualquiera, Parada y Guerrero fueron cruelmente asesinados.
Hubo una tercer víctima: Santiago Nattino
Juan Manuel Parada. Foto: Google Images
El ex cabo Alejandro Sáez Mardones fue uno de los quince integrantes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) que estuvo a cargo del secuestro y el degollamiento de los tres profesionales comunistas. Sáez Mardones hoy tiene libertad condicional.
Los familiares de los «degollados» emitieron un comunicado luego de enterarse de la sentencia de la Corte Suprema. Aquí la transcribimos.
Santiago, 12 de agosto de 2015
Declaración pública de las familias Parada, Guerrero y Nattino
Hoy los familiares de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino tenemos algo muy importante que decir. La libertad condicional otorgada esta semana por la Tercera Sala de la Corte Suprema a los criminales de lesa humanidad Miguel Pablo Muñoz Uribe (caso Porvenir) y Alejandro Sáez Mardones (caso Degollados) nos parece de la mayor gravedad, la rechazamos con fuerza y agradecemos todas las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas por esa causa. Específicamente, Alejandro Sáez Mardones fue condenado a presidio perpetuo por asociación ilícita, por los secuestros y homicidios de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y por el secuestro de otras seis personas en marzo de 1985, además de estar involucrado en otros casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976. El informe psicológico de Gendarmería sobre su persona indica claramente que no hay en él conciencia del daño causado y sí permanencia en la justificación de su acción delictiva, siendo que en ambos casos lo contrario es requisito mínimo para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario; por esa razón la Comisión de Libertad Condicional denegó el beneficio a Sáez Mardones, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, fundando su decisión precisamente en el hecho de no estar rehabilitado para la vida en el medio libre.
Además, rechazamos la forma en que la Corte Suprema resolvió otorgar este beneficio: a puertas cerradas y sin reconocernos a nosotros, las víctimas, derecho a alegato.
La actitud del Poder Judicial, representado en este particular por la Tercera Sala de la Suprema, equipara de facto crímenes de lesa humanidad con delitos comunes, lo que contraviene no sólo el compromiso ético con el Nunca Más, sino también los tratados internacionales que Chile ha ratificado. El otorgamiento de libertad condicional a criminales de lesa humanidad deja la puerta abierta a la impunidad, pocos días después de que uno de los más grandes violadores de los derechos humanos, Manuel Contreras, falleciera con el grado de general de la República en el Hospital Militar, sin ser degradado de su cargo a pesar de ser ejecutor de múltiples atropellos a la dignidad humana.
Sabemos que en nuestra institucionalidad judicial la Corte Suprema tiene la última palabra. Por eso es que nos sentimos perjudicados por el Estado, y repudiamos la impunidad, no solamente en este caso, sino cada vez que se dan señales equívocas en materia de justicia con las violaciones graves a los derechos humanos. Los crímenes perpetrados contra nuestros familiares bajo la dictadura cívico-militar fueron perpetrados desde el Estado contra la sociedad chilena en su conjunto, y hoy el Estado de Chile nos vuelve a injuriar.
Por ello, nos reservamos la facultad de buscar la justicia en este caso, y en otros, en las instancias internacionales ante las cuales el Estado de Chile ha adquirido los compromisos de investigar, sancionar y ofrecer garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, porque tenemos la convicción de que en este caso –y en tantos otros– ello no se ha respetado. En numerosas ocasiones se ha abordado el juicio y castigo de las violaciones a los derechos humanos en Chile como si fuesen delitos comunes, lo que las trivializa y resulta en la aplicación imperfecta de respuestas e instrumentos pensados para delitos de lesa humanidad.
Nos parece inaceptable que no exista una tipificación precisa para violadores de derechos humanos que cometieron crímenes amparados en el terrorismo de Estado, y por ello hacemos un llamado a los poderes Legislativo y Ejecutivo a legislar de manera clara en lo que respecta a crímenes de lesa humanidad y tortura. Dados los acontecimientos presentes, exigimos prioridad en estos temas como señal de un compromiso real con una cultura de los derechos humanos, como lo estipulan los tratados internacionales que Chile ha firmado.
Y, no menos importante, hacemos también un llamado al conjunto de la sociedad, a que defienda la cultura de los derechos humanos y se sume a esta lucha por el bien de todos y por el futuro de Chile. El daño inmenso cometido por el Estado chileno bajo la dictadura, al igual que este otorgamiento de libertad condicional a un criminal de lesa humanidad, nos ofende no solo a nosotros sino a la sociedad entera, y es como país que tenemos que hacernos cargo de rechazarlo si queremos una sociedad más justa y comprometida con la dignidad humana. De nuevo, agradecemos las infinitas muestras de solidaridad, y nos solidarizamos a la vez con todas las causas de defensa a los derechos humanos. Verdad, justicia, memoria y reparación, nada más ni nada menos.
FAMILIAS PARADA, GUERRERO, NATTINO
Leé la crónica sobre el “caso de los degollados” en Los Archivos del Cardenal
