27.06.2015
“NO ES DICTADURA”
Fue la portada de la emblemática revista uruguaya Marcha, que así titulaba su edición a tres días del golpe de Estado de 27 de junio de 1973. Más abajo, en la misma tapa, se reproducía el Decreto completo de disolución del Parlamento.
El golpe de estado cívico-militar fue liderado por el presidente del Partido Colorado -Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas.
Ese mismo 27 de junio de 1973, los trabajadores y la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) empezaron la Huelga Nacional más larga de la historia del país. Duró 15 días.
El 30 de junio, el dictador y sus cómplices ilegalizaron la CNT. Un año después, en noviembre de 1974, la dictadura cerró Marcha. En sus páginas, habían escrito intelectuales como Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Por su calidad, los ejemplares de la revista fueron literalmente arrebatados por el público argentino en los años 60.
Una historia de terror
La sangrienta dictadura uruguaya permaneció en el poder hasta 1985. En esos doce años, el régimen uruguayo se convirtió en el mayor verdugo de sus ciudadanos, torturando, asesinando, encarcelando y aterrorizando.
Muestra “Poéticas del Silencio”, mayo 2015: El ex dictador Álvarez rodeado de fotos de detenidos desaparecidos. Foto: F. Lessa
Uruguay se transformó en una gran cárcel: en 1976 tenía el índice más alto de prisioneros políticos por cantidad de habitantes de América del Sur y posiblemente del mundo entero.
Eduardo Galeano escribió al respecto: «Durante los doce años de la dictadura militar, Libertad fue nada más que el nombre de una plaza y una cárcel… estaban presos todos, salvo los carceleros y los desterrados: tres millones de presos… A uno de cada ochenta uruguayos le ataron una capucha en la cabeza; pero capuchas invisibles cubrieron también a los demás uruguayos, condenados al aislamiento y a la incomunicación, aunque se salvasen de la tortura. El miedo y el silencio fueron convertidos en modos de vida obligatorios».
Junto con Argentina y Chile, Uruguay fue uno de los países más activos del terror transnacional conocido como “Plan Cóndor”, cuyas garras recorrieron toda Sudamérica. Centenares de uruguayos exiliados en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia fueron secuestrados y desaparecidos.
192 desaparecidos
209 asesinatos políticos
250,000 exiliados
más de 6,000 detenidos
miles de hombres y mujeres torturados
3 niños desaparecidos
Este es el legado sangriento de la dictadura uruguaya.
Shopping Punta Carretas cosntruido en 1994, fue una prisión durante la dictadura. Foto: F. Lessa
Unos aparecidos y otros impunes
A treinta años del retorno de la democracia, la mayoría de esos crímenes aún siguen impunes.
La impunidad con la que se cometieron esos horrores en los años 70 se institucionalizó en 1986 cuando el parlamento democrático sancionó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Una ley de nombre largo y rebuscado con un simple objetivo: dejar en el silencio las atrocidades cometidas por el estado uruguayo. A pesar de los innumerables esfuerzos de los militantes y de la sociedad civil tanto a nivel nacional, regional e internacional, la impunidad prevaleció durante 15 años.
“Ni verdad, ni justicia” pareciera haber sido la fórmula de los tres gobiernos uruguayos entre 1985 y 2000. Hasta 1999, políticos como el ex Presidente Julio María Sanguinetti podían afirmar a la prensa que «en Uruguay no desapareció ningún niño». Pero esas mentiras se hacían insostenibles.
Gracias a la labor incansable de los sobrevivientes, sus familiares, las ONG, la central sindical y algunos jueces y fiscales comprometidos se llegó en 2002 al primer procesamiento en el país. El acusado fue el ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976.
Museo de la Memoria de Montevideo. Foto: F. Lessa
También en 2002, Sara Méndez pudo encontrar a su hijo Simón, que tenía apenas veinte días cuando ambos fueron secuestrados en Buenos Aires en 1976 bajo el Plan Cóndor.
En 2000, había aparecido en Montevideo Macarena Gelman -nieta del famosos poeta argentino Juan Gelman. Su mamá, Maria Claudia, había sido llevada a Montevideo desde Buenos Aires a finales de 1976. Dio a luz en la ciudad charrúa y luego fue asesinada. Su hija Macarena fue apropiada ilegalmente por un policía.
Estas historias no sólo evidencian que en Uruguay habían desaparecido niños, sino también demuestra la existencia de la coordinación de terrorismo de estado entre los países.
El hallazgo del cuerpo de Julio Castro, secuestrado en 1977, torturado y asesinado de un disparo en la nuca, desveló otra mentira: los desaparecidos no fueron ningún “exceso”.
Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, hasta hoy la justicia uruguaya ha condenado 16 personas por los crímenes de la dictadura, dos fallecieron.
Sólo 6 de las más de 250 causas abiertas en el país tienen sentencia firme. Por el contrario, en Chile 281 de los agentes procesados están condenados con sentencia firme y en Argentina 43 de las 142 sentencias desde 2006 son firmes.
Democrático pero no tanto
Algo está fallando en Uruguay. En una sociedad democrática son inadmisibles la falta de investigación y la continua impunidad avalada por líderes políticos con nombre y apellido: el ex Presidente Mujica, el actual Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, ministros de la Suprema Corte de Justicia e integrantes del poder judicial autorizan -sin brindar explicación alguna- salidas transitorias para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. La semana pasada fue el caso de José Gavazzo, un reo que cometió 28 homicidios.
Marcha del Silencio, mayo 2015, Montevideo. Foto: Martha Passeggi
Uruguay es un país halagado por la comunidad mundial por sus políticas progresistas en temas como las drogas, el aborto, la religión y algunas cuestiones de derechos humanos.
Sin embargo, incumple sistemáticamente con sus obligaciones internacionales y regionales en lo que refiere a la búsqueda de la verdad y la sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En este nuevo 27 de junio -aniversario del golpe- es imperativo homenajear a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que, a lo largo de estos cuarenta años junto a otros sectores de la sociedad, siguen pidiendo verdad y justicia.
Urge que el gobierno uruguayo atienda los reclamos y deje de fomentar la impunidad de los crímenes cometidos en un pasado reciente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2011 a Uruguay por el caso Gelman y determinó que la Ley de Caducidad no tiene efectos jurídicos sobre los crímenes de lesa humanidad. Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas, declaró: “Uruguay…no debe aceptar un legado de impunidad, silencio e ignorancia para las víctimas de la dictadura militar.”
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