25.08.2017
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La causa AMIA 2 cumplió 100 audiencias hace unas semanas. El juicio oral por “encubrimiento y desviación de la investigación” del atentado a la AMIA empezó el 6 de agosto 2015. Pero avanza a paso lento y la reciente aparición del Poder Ejecutivo alertó, una vez más, a las organizaciones de familiares de víctimas.
Si la información es escasa acerca de lo que pasa en el subsuelo de los Tribunales Federales de Comodoro Py, es aún menor cuando se trata de la batalla por los archivos secretos del atentado a la AMIA. La fiscalía UFI-AMIA, los familiares de las víctimas -APEMIA, Memoria Activa y J18 están enfrentados con el Estado Argentino por el acceso y control de esa información.
El jueves 10 de agosto se cumplió la audiencia número 100 del juicio por encubrimiento del atentado. A la salida, Pucheronews entrevistó a Laura Ginsberg para hablar de lo que nadie habla.
El Juicio por Encubrimiento y los archivos secretos
-Nos trataron de locos porque nosotros éramos los únicos que decían: hay que abrir los archivos secretos»- dijo la referente de APEMIA y contó que el Estado Argentino durante años negó la existencia de esos archivos secretos vinculados al atentado. «Se habla de este juicio como el ‘Juicio por Encubrimiento’ pero está mal llamado así. El delito de encubrimiento juzgado es el encubrimiento por favorecimiento personal. Pero aquí hubo un plan de encubrimiento criminal con implicación de los tres poderes del estado y eso no está en juicio. Juzgan a individuos aislados como si no hubieran sido parte de una estructura estatal que actuó, no sólo para encubrirse a sí mismo, sino que tuvo una participación criminal: puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de la comisión del atentado.
¿Qué es la comisión del atentado?
-La comisión del atentado es que la SIDE participó en la realización del atentado -contestó Ginsberg.
Aquel lunes 18 de julio de 1994, todavía estaban las cortinas de humo del atentado sin disolverse en el cielo y los tres poderes del estado ya tenían en marcha una operación de encubrimiento. Se plantaron pistas falsas borrando en el camino todas las pruebas y huellas de los verdaderos perpetradores del ataque.
En su discurso “Yo acuso” durante el tercer aniversario del atentado a la mutual judía, Ginsberg acusó al gobierno de Menem por encubrir la conexión local. Dos años más tarde, en 1999, fue más lejos y denunció al Estado Argentino como participante del ataque.
-La SIDE sabía que se venía un segundo atentado sobre un centro judío en Buenos Aires. Eso fue ratificado aquí mismo en el juicio a través de testimonios de ex agentes. La SIDE siguió la Traffic hasta el 15 de julio y la perdió. Nadie puede creer que, tres días antes del atentado a la AMIA, se le pudo haber escapado a la SIDE una operación de esta naturaleza -salvo que hubiera participado en la misma.
Según Ginsberg, el encubrimiento y participación criminal del Estado Argentino se podrán verificar cuando abran los archivos secretos.
Los cables filtrados por Wikileaks revelaron que Alberto Nisman recibía instrucciones de Estados Unidos para orientar su investigación exclusivamente hacia Irán -aunque solo hay indicios contra el país persa y ninguna prueba- y para no investigar la conexión local del atentado.
A pedido de los nuevos fiscales que sucedieron al fallecido funcionario en 2015, la ex presidenta Cristina Kirchner dispuso una amplia apertura de archivos relacionados con la AMIA. La fiscalía identificó tres nuevos depósitos de la ex SIDE -uno en el subsuelo del Pasaje Barolo- con un total de casi 2 km lineales de documentación.
Veintiún años después del atentado, un grupo de especialistas interdisciplinarios -llamado GERAD- pudo empezar con el relevamiento del material desclasificado. En el depósito del Pasaje Barolo, los integrantes del GERAD encontraron pruebas de reuniones entre Juan Carlos Anchezar -el número dos de la SIDE en aquel momento- y Moshen Rabbani -supuestamente el organizador del atentado en la SIDE y la Embajada de Irán durante junio 1996.
El Poder Ejecutivo y la reapropiación de los archivos
El gobierno de Macri tuvo la gran oportunidad de llegar a esclarecer el atentado -ya que no estaba directamente implicado con lo ocurrido en 1994 ni con el posterior encubrimiento. Pero algo cambió:
-En estos últimos meses, hay una avanzada que tiene el mismo rumbo que todos los gobiernos anteriores: cerrar definitivamente cualquier posibilidad de investigación- explicó Ginsberg.
Apenas instalado, el gobierno de Macri empezó a tramitar un proyecto de ley de Juicio en Ausencia para condenar a los iraníes. Las organizaciones de familiares de víctimas se oponen a este Juicio en Ausencia porque lo consideran otra maniobra del Estado para cerrar definitivamente la causa AMIA y garantizar la impunidad.
En marzo de este año, renunciaron los apoderados del Ministerio de Justicia en el Juicio por Encubrimiento ante presiones por parte del propio Ministro Germán Garavano para tener un rol menos activo contra los imputados.
El Estado no iba a tolerar nuevas sorpresas surgidas del subsuelo del Barolo que comprometieron la construcción política de la acusación contra Irán. El 6 de abril pasado el gobierno publicó un decreto que vuelve a poner los archivos desclasificados en manos de la AFI(ex SIDE) y la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia, ambas dependencias del Poder Ejecutivo.
-Desde que está el decreto, ni las familias -que somos las querellas- ni los fiscales tenemos más acceso a nueva documentación.
Peor aún, la AFI se niega a certificar la legitimidad de la documentación, que perjudica al juicio en curso.
-Si no existe esa corroboración por parte de la AFI, los imputados hablan de “los papelitos” como si eso fuera apócrifo y no tuviera validez, nadie fuera dueño.
APEMIA -acompañado por Memoria Activa, J18 y la fiscalía- planteó ante el juez de la AMIA, Canicoba Corral, la inconstitucionalidad del decreto ya que implica la interferencia del Poder Ejecutivo en una causa judicial en trámite. Ante la negativa del juez, APEMIA presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal.
-Si no deroga el decreto o se lo cambia para que las pruebas desclasificadas sigan en manos de la fiscalía, y no de una dependencia del Poder Ejecutivo implicado en el encubrimiento del atentado, queda en evidencia que el gobierno de Macri está avanzando contra cualquier posibilidad de esclarecimiento. De continuar, va a ser parte del encubrimiento.
En el artículo “Un decreto que refuerza la impunidad” publicado hace un mes en el diario Clarín, Laura Ginsberg y Pablo Gitter denunciaron un “pacto de impunidad acordado con el lobby de DAIA y AMIA bajo la presión de Israel”.
-¿Tan grande es la influencia de la DAIA?
-Definitivamente, contesta Ginsberg. La DAIA se presenta como el brazo político de la comunidad judía en su relación con el gobierno argentino, pero eso es falso. La DAIA es el brazo político del estado de Israel en las relaciones políticas con el estado argentino. Usa a la comunidad judía argentina como pantalla(…) La dirección judía ayuda a definir las políticas del estado argentino en el sentido del cierre de la investigación del atentado. Por eso, se opone a una Comisión Investigadora Independiente (como propone APEMIA), ¡recién el presidente de la AMIA dijo que no hay nada más para investigar! Ellos también son parte del encubrimiento.
Rubén Beraja, tres veces ex presidente de la DAIA, está imputado en el juicio por encubrimiento.
El Poder Judicial y la Fiscalía UFI-AMIA
La reapropiación de los archivos secretos por parte del Poder Ejecutivo a través del decreto 229/17 pareciera garantizar la continuidad del encubrimiento. Por supuesto, el Poder Judicial no es ajeno a esta situación. ¿Por qué el juez Canicoba Corral rechazó el planteo de la inconstitucionalidad del decreto por parte de los familiares de las víctimas? ¿Por qué el tribunal resolvió que las audiencias con agentes de la ex SIDE fueran secretas? ¿Por qué el público no puede saber qué responsabilidad tiene la SIDE en el mayor atentado terrorista ocurrido en democracia hace 23 años en Argentina?
APEMIA calculó que hasta mediados de Junio, el 25% de las audiencias fueran secretas aunque se trata de un juicio oral público.
–En nuestro alegato vamos a hacer referencia a los testimonios que fueron en audiencia secreta. Entonces, el debate que se va a plantear con el tribunal oral es que se termine con el secreto porque los alegatos son públicos. Es nuestro derecho. Si no, están impidiendo alegar en nombre del secreto. ¡Otra vez!
La sanción del decreto implica también el vaciamiento de la fiscalía UFI-AMIA porque no tiene más acceso a los archivos y el final del relevamiento documental que realizaba el grupo GERAD.
–La fiscalía no tiene definido una orientación propia de investigación. Continúa las líneas de Nisman y trata de darle un cierre. Nosotros creemos que la UFI-AMIA se va a desmembrar cuando se termina este juicio: no hay ninguna intención del Estado Argentino de fomentar un trabajo investigativo por parte de la fiscalía en relación al atentado.
Ante la evidente incapacidad del Estado para investigarse a sí mismo, APEMIA presentó, en dos oportunidades, un proyecto de ley para la creación de una “Comisión Investigadora Independiente” en el Congreso.
–El gobierno no está acompañando el proyecto. Pusieron la firma y ahora está literalmente en un cajón.
El atentado a la AMIA está directamente vinculado con el gigantesco operativo de contrabando de armas y explosivos a Croacia y Bosnia entre 1991-1995 cual tenía como epicentro a Buenos Aires con multimillonarios beneficios para traficantes, funcionarios, políticos, personas de la SIDE y ciertos banqueros locales con el consentimiento de Estados Unidos y Israel.
Abrir los archivos secretos e investigar el atentado significa traer a la luz negocios inconfesables que los sucesivos gobiernos y dirigencia de la comunidad judía sigilosamente prefieren mantener tapados.
Borradas todas pruebas materiales del atentado, los archivos secretos son la última herramienta para poder llegar al esclarecimiento del atentado y su posterior encubrimiento.
Lee el seguimiento de la causa AMIA en Puchero acá
FOTOS: Gonzalo García
