15.02.2018

La embestida del actual ministro Garavano contra la Unidad Amia del Ministerio de Justicia tiene un precedente en 2001: los fiscales Mullen y Barbaccia -a los que ahora la DAIA defiende y agradece- denunciaron falsamente a Nilda Garré por «violación de secretos» mientras trataba de investigar. El Ministerio de Justicia dispuso, sin más ni menos, la renuncia de la entonces titular de la Unidad Amia. Detrás del apriete, un pacto con el ex presidente De la Rúa para no investigar el encubrimiento menemista junto con la participación de la dirigencia judía. Como ahora. 

Nilda Garré

2001: el antecedente

La Unidad AMIA -o Secretaría Especial de Investigación del Atentado contra la AMIA- es una dependencia del Ministerio de Justicia. Su funcionamiento es anterior a la creación por Néstor Kirchner en 2004 de la Unidad Fiscal AMIA (UFI AMIA). Ambas unidades desde entonces trabajan paralelamente. 

Nilda Garré era diputada por el Frepaso en aquella época. En en octubre del 2000, fue designada titular de Unidad Amia -la misma que está siendo atacada estos días por Garavano. Durante su gestión, la flamante titular se propuso investigar las pistas abandonadas, y solicitar los sumarios internos de la SIDE para someterlos a profundo examen y control, de los que deberían surgir -como un par de años después ocurrió- parte de las pruebas del pago con fondos reservados de una coima de casi medio millón de dólares al preso Telleldín para comprarle una declaración falsa con la que se desvió la investigación.  

A medida que la diputada Garré se fue interiorizando de las increíbles omisiones e irregularidades de la causa AMIA, comenzó a considerar que todo ello no podía ser simple impericia o casualidad.

En septiembre de 2001, a comienzos del Juicio Oral por el atentado contra la AMIA, Garré afirmó públicamente que “hubo encubrimiento del menemismo”, frase que fue levantada por algunas notas periodísticas. Mencionó las maniobras de la SIDE,  de Migraciones, de la Policía Federal y, especialmente, el sospechoso papel del entorno del ex presidente Menem,  mencionando abiertamente el encubrimiento de la pista siria. “Todo el aparato del Estado fue funcional al no esclarecimiento y la impunidad”, sostuvo, detallando además cuestiones muy precisas que hasta ese momento ningún funcionario había osado mencionar, incluyendo las relaciones con traficantes de armas.      

Cuando Garré intentó avanzar en la línea del real encubrimiento, de inmediato la DAIA, encabezada entonces por José Hercman -seguidor de Beraja, coordinó un operativo de pinzas que terminaría con Garré expulsada y sometida a un ridículo juicio penal (que terminó en absolución, tras largos años en el limbo).

Quienes hicieron eso, para garantizar la continuidad de la historia oficial, fueron los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman,  junto al titular de la DAIA y al Ministro de Justicia de entonces, que no era Garavano sino Jorge De la Rúa, hermano del ex presidente.

Los ex fiscales Mullen y Barbaccia

Fragmento de la denuncia contra Garré

Que actúen los fiscales

A finales de 2001, en la prensa dominante los temas relacionados a las irregularidades en la investigación del atentado estaban prácticamente ausentes, celosamente disimulados por los voceros de la historia oficial. Y en los más de siete años transcurridos en ese momento desde el atentado a la AMIA, nunca un funcionario había apuntado tan directamente hacia los tramos más sensibles del encubrimiento. Eso sí que era un problema. Una molestia muy inoportuna. Porque el ex presidente Menem se encontraba procesado y detenido bajo prisión domiciliaria en la quinta de Gostanian,  por la causa de contrabando de armas a Croacia. Y el presidente Fernando de la Rúa estaba negociando un desesperado pacto de ayuda y “gobernabilidad” con el menemismo, en ese último tramo de su truncada presidencia, que pasaba necesariamente por la inminente liberación de Menem mediante un fallo de la Corte Suprema presidida por el ex socio de Menem, Julio Nazareno, en plena etapa de elaboración.  

A De la Rúa no le cayó nada bien que la funcionaria a cargo de supervisar la causa AMIA justo en ese momento hablara del “encubrimiento menemista” en la investigación de la masacre. El ministro de Justicia Jorge de la Rúa, comenzó pidiéndole a Garré que “baje los decibeles”. No fue suficiente.

Se decidió, entonces, generar una situación para propiciar la inmediata remoción de Nilda Garre, funcionaria titular de la Unidad Especial AMIA. Pero el “cómo” echarla y el “quién” lo pediría era un ítem central, por cuanto si bien el gobierno estaba dispuesto a entregar su víctima propiciatoria para arreglar y conseguir apoyo del menemismo, la movida era muy delicada frente a la colectividad judía y a la mirada nacional e internacional sobre el juicio oral que recién comenzaba.  

El tándem fiscales-DAIA decidió denunciarla por “violación de secreto”. Los fiscales federales de la causa AMIA, Eamon Müllen, José Barbaccia y Alberto Nisman presentaron con toda urgencia un escrito de una carilla donde, con llamativa imprecisión y abundancia de condicionales, imputaron a Garré por el delito señalado. 

El escueto escrito de denuncia decía:

…por cuanto se desprende de la nota periodística publicada el día domingo 30 de Septiembre de 2001 en el matutino Página/12 -que en copia se acompaña-, que fuentes no reveladas habrían dado a publicidad partes textuales del testimonio del testigo identificado con la letra “C” -cuya identidad fuera reservada- que testificara en la causa Nro 1156 del registro de la Secretaría Nro. 17 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 9, instruida con motivo del atentado terrorista

…en el día de la fecha, hemos tomado conocimiento que la señora Secretaria Ejecutiva de la Unidad Especial de Investigaciones creada por el Poder Ejecutivo Nacional para la investigación del atentado cometido contra la sede de la AMIA, Dra. Nilda Garré, se habría pronunciado públicamente con relación al testigo que nos ocupa en el programa televisivo denominado “Punto.doc/2” en el transcurso del mes de julio/agosto del año en curso…

Como se advierte del texto transcrito, fue tal la premura de la presentación, que los fiscales ni siquiera pidieron la cinta al canal o a la productora para verla previamente, no pudiendo precisar tampoco ni siquiera el mes de emisión del programa. La realidad es que lo que era “reservada” era la “identidad” del testigo de “identidad reservada”, tal como su calificativo lo indica. Y Garré nunca reveló la identidad del testigo “C”.  

En cambio, la identidad del testigo “C”, y partes de su testimonio, habían sido publicados en algunos medios nacionales más de un año antes, cuando Garré no ocupaba aún el cargo en la Unidad Especial de Investigaciones.  

Los hechos son lo de menos

Quien pediría la cabeza de la funcionaria que se metía en lo que no debía, sería la DAIA a través de su presidente –y ex locador de un departamento a un alto oficial iraní- José Hercman. Así fue que, en sincronización con los fiscales, el presidente de DAIA y su equipo de prensa, tomaron de inmediato los micrófonos para reclamar la renucnia de Nilda Garré, ganando los titulares de los diarios.

“La DAIA reclamó la renuncia de Nilda Garré”, fue la noticia, coloreada además con duras adjetivaciones de Hercman, que consideró el hecho denunciado “una vergüenza y una frustración”.  

Sugestivamente, y a diferencia de otros casos anteriores, la DAIA ni siquiera estaba dispuesta a escuchar la versión de la funcionaria o a recibir una eventual disculpa si correspondiera, como lo venía haciendo incluso con ex militantes nazis. Además, agregando dramatismo a la denuncia, el fiscal Mullen y el presidente de la DAIA declararon que a raíz de la conducta de Garré, tenían información de la justicia alemana de que el testigo “C” había dejado de estar disponible para la Causa AMIA. El testigo “C” jamás dejó de estar disponible, y sería contactado en meses subsiguientes varias veces más.

Frente al enérgico pedido de la DAIA, los medios informaron que “el Presidente decide si despide a Nilda Garré”. Horas después, el ministro Jorge De la Rúa le pidió la renuncia, la que fue presentada en la noche del 5 de octubre de 2001. “Acusada de revelar un secreto, echan a la funcionaria que seguía el caso AMIA”, titulaba Clarín el día siguiente, con una volanta aclaratoria: “había sido criticada por la DAIA”.  

Apenas dos meses después, los medios informaban que “un iraní que denunció a Menem solicitó declarar” (La Prensa, 6 de diciembre de 2001). Sí, se trataba del famoso testigo “C”, que a través de un delegado de la policía germana así lo hizo saber a la embajada argentina en Alemania.  Ya que nadie lo iba a buscar, era el propio testigo el que llamaba. Página/12 tituló: “El testigo secreto quiere declarar siempre que le paguen viáticos”. La bajada seguía: “El hombre dijo que Irán depositó 10 millones de pesos para Menem a cambio de despegar del atentado contra la AMIA. El juez Galeano duda”.

De cualquier modo, el trabajo en tándem entre los fiscales y el presidente de la DAIA ya había surtido efecto, y tras la acusación Garré dejó su cargo. Estaba despejado el camino para “bajar los decibeles” y sellar el efímero pacto De la Rúa-Menem.  

Testigo «C», Abolgashem Mesbahi

El desenlace

Semanas después y con la liberación de Menem, los diarios reflejaron el nuevo panorama. Las fotos del 14 de diciembre de 2001 muestran a Menem exultante junto a un desorientado De la Rúa, morador aún de la Casa de Gobierno.

Así lo reflejaba Clarín: “Menem no hizo ningún esfuerzo por disimular lo feliz que estaba de regresar a la Casa Rosada, después de haber estado cinco meses bajo arresto domiciliario, acusado de comandar una asociación ilícita para la venta ilegal de armas. (…) Como en sus mejores tiempos, Menem ingresó a la Rosada a las 9,22 de ayer rodeado por una nutrida comitiva. Lo acompañaron y participaron de la reunión su hermano, el senador Eduardo Menem, los ex funcionarios Eduardo Bauzá, Alberto Kohan y Jorge Castro, y el gobernador Rubén Marín. También subieron al primer piso de la Casa Rosada Alejandro Tfeli (el médico de Menem), y su secretario privado, Ramón Hernández”.   

La crónica señala que Menem “comprometió su ayuda para sancionar en el Congreso el Presupuesto del 2002 antes de fin de año” y se expresó en contra de acortar el mandato de De la Rúa, coincidiendo con éste en manifestarse en contra de una devaluación.  

Una semana más tarde, las calles de Buenos Aires ardieron en las jornadas del 20 y 21 de diciembre, que precipitaron la huida de De la Rúa del poder.

Entretanto, la absurda denuncia contra Nilda Garré permaneció abierta sin ningún  aporte acusatorio por años, hasta que fue definitivamente archivada.Ya había cumplido su propósito. 

El agradecimiento de la DAIA a los fiscales Mullen y Barbaccia quedaría patentizado en el año 2004 cuando el Tribunal Oral Federal Nº 3, cansado de descubrir desvíos e increíbles irregularidades en el juicio de Galeano y sus fiscales, dispuso apartarlos de la investigación. La DAIA entonces, junto a algunos familiares que aún la seguían, decidió ausentarse del juicio unos días en señal de protesta y solidaridad con los sospechados fiscales, dejando su lugar vacío. 

La falaz denuncia de Nisman, Müllen y Barbaccia contra una funcionaria que cuestionó la historia oficial sirvió para generar escándalo y neutralizar una línea de investigación.   Antecedente que no será olvidado por Nisman y Bonadío a la hora de denunciar a CFK.
La reciente defensa de la DAIA a los fiscales y a Beraja completa el círculo,  y demuestra la vigencia de los viejos compromisos encubridores.  

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