07.10.2018
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Desde el año 1999, las cortes penales de Roma están investigando los delitos del Plan Cóndor, cometidos a miles de kilómetros de distancia de la capital italiana hace más de 40 años en contra de militantes sociales y políticos de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Este 8 de octubre se inicia una etapa clave en el juicio y te contamos de qué se trata.
María Bellizzi en una manifestación en Uruguay.
¿Qué tiene que ver la justicia italiana con esta red transnacional del terror que operó entre 1974 y 1981 y lleva el nombre del ave carroñera más grande de Sudamérica?
Esa fue la pregunta que le hice a María Bellizzi, madre de Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi: un ciudadano ítalo-uruguayo desaparecido en Buenos Aires en abril de 1977.
“En Uruguay, estaba vigente [desde 1986] la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –conocida como ley de impunidad. Todas las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas por desaparición u otras violaciones de derechos humanos siempre venían archivadas. Toda esta situación nos motivó a buscar una nueva instancia en busca de verdad y justicia.”
La impunidad que dominaba en su Uruguay nativo fue lo que empujó a los familiares de Bellizzi a buscar justicia por parte de un tribunal extranjero. Y no estaban solos. En 1981, ya se había intentado presentar en Italia una querella por los desaparecidos de origen italiano, pero dicha iniciativa no había prosperado.
En los años 90, la impunidad avasallaba no solo Uruguay, sino también Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Familiares de víctimas, junto con activistas de derechos humanos, empezaron entonces a buscar justicia en el viejo continente.
El código penal italiano, según su artículo 8, permite perseguir delitos políticos cometidos en contra de ciudadanos italianos en el exterior. Esta legislación permitió realizar juicios históricos. En el 2000, la segunda corte penal de Roma condenó a siete militares argentinos –entre ellos los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros- por el secuestro y muerte de ocho ciudadanos italianos durante la última dictadura. Posteriormente, en el 2007, el mismo tribunal condenó en ausencia a cinco ex jerarcas de la ESMA a cadena perpetua -Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek- por el homicidio de tres ciudadanos italianos: Ángela María Aieta de Gullo, Juan Pegoraro y su hija Susana.
Cristina Mihura, viuda del desaparecido uruguayo Armando Arnone, en la audiencia de 10 de abril de 2015.
El juicio al Cóndor en el extranjero
Estos antecedentes de la justicia italiana, junto con la movilización a nivel internacional a raíz de a la detención del ex General Augusto Pinochet en Londres por violaciones de derechos humanos, fue lo que inspiró a los familiares uruguayos a presentar la denuncia en Italia.
En una entrevista, Jorge Ithurburu -un militante argentino de derechos humanos de la ONG 24 de Marzo residente en Italia hace muchos años- me contó cómo en la primavera de 1999, se armaron dos denuncias en paralelo, una por el Plan Cóndor y otra por la ESMA, y se presentaron a los pocos días de diferencia, el 9 y 15 de junio respectivamente.
La denuncia por Cóndor abarcaba al comienzo cinco casos de víctimas ítalo-uruguayas: Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Andrés Bellizzi Bellizzi, Daniel Banfi y Pablo Recagno -secuestrados y posteriormente asesinados y/o desaparecidos en el marco del Plan Cóndor en Buenos Aires entre 1974 y 1977. Y el caso de un ítalo-argentino: Lorenzo Ismael Viñas Gigli que fue desaparecido en la frontera entre Argentina y Brasil en 1980.
Para preparar esa querella original se creó una red transnacional que abarcaba a los familiares de las víctimas que vivían en Uruguay (Bellizzi, Gatti, Recagno), con el apoyo de la central sindical PIT-CNT local, mientras que en Italia vivían otros familiares, como Aurora Meloni y Cristina Mihura, viudas de Banfi y de Arnone, y contaban con el apoyo del abogado milanés Giancarlo Maniga, los sindicatos italianos, la iglesia valdense y la ONG 24 de Marzo.
Después de estos primeros seis casos, el juicio creció de forma exponencial con el paso del tiempo hasta abarcar un total de 42 víctimas: 5 argentinos, 4 chilenos, y 33 uruguayos.
En el banquillo de acusados, 33 imputados: 2 bolivianos, 11 chilenos, 4 peruanos, y 16 uruguayos -todos juzgados en ausencia excepto el ex navío uruguayo Jorge Néstor Troccoli que reside en Italia. Las dos imputaciones principales eran “delito político en el exterior” y “homicidio.”
Isabel Allende, hija de Salvador, en la audiencia del 05 de junio de 2015.
El juicio tenía tres tramos:
- relativo a ciudadanos ítalo-chilenos desaparecidos en Chile
- el expediente del Plan Cóndor
- un último trecho abarcando a 20 ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1977 y 1978 imputados exclusivamente a Troccoli.
Después de más de 60 audiencias llevadas a cabo entre febrero de 2015 y enero de 2017 en las que se recibió el testimonio de familiares, sobrevivientes, y peritos, el 17 de enero de 2017 la tercera corte penal de Roma dictó sentencia de primer instancia. La jueza Evelina Canale condenó 8 imputados a cadena perpetua: a los expresidentes Francisco Morales Bermúdez, de Perú, y Luis García Meza, de Bolivia, el boliviano Luis Arce Gómez, los peruanos Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Otros 19 acusados fueron absueltos.
El 12 de abril de 2018 empezó la segunda etapa del juicio, la apelación. Las primeras tres audiencias fueron puramente formales y limitadas a cuestiones vinculadas a la composición del tribunal. A partir del 8 de octubre se espera que se aborden cuestiones sustanciales como nuevas pruebas y testigos presentados por las partes. El objetivo de esta segunda fase es levantar las absoluciones de los 19 imputados.
PucheroNews seguirá de cerca este juicio gracias a su enviada especial en Roma.
Arturo Salerni, abogado de parte civild e las víctimas.
FOTO DE PORTADA: Martha Passeggi
FOTOS: Lilia Di Monte
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