20.12.2018
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La Corte de Asís de Apelación de Roma dará a conocer el 21 de diciembre su decisión sobre el pedido de admisión de nuevas pruebas y testigos en el juicio Operación Cóndor.
La Fiscal Tiziana Cugini junto a colegas.
La apelación del juicio Cóndor se encuentra en un momento crucial. Después de ocho meses de que comenzara la apelación con largas discusiones y demoras, la Corte decidirá si reabrir o no la etapa de investigación para considerar nuevos documentos y testigos presentados recientemente por el abogado Andrea Speranzoni.
Dos audiencias fueron fundamentales en este sentido. A comienzos de noviembre, tanto la Fiscalía como los abogados de las víctimas y de los imputados manifestaron sus argumentos frente a la Corte en relación a la consideración de pruebas.
Todo comenzó el 7 de noviembre con un pedido de nulidad total del juicio presentado por la defensa, argumentando que la demanda de apelación no había sido traducida al español. Muy rápidamente, la jueza y la Corte rechazaron esta solicitud ya que, según la legislación italiana, solamente la sentencia tenía que ser traducida – lo que había sido hecho debidamente – y no el pedido de apelación.
Superado esto, la Presidenta del Corte Agatella Giuffrida hizo una breve resumen de la sentencia de primera instancia del enero de 2017 y posteriormente dio la palabra a cada una de las partes para sus exposiciones.
La Fiscal Tiziana Cugini resaltó cómo la sentencia de primer grado había fallado por no vincular adecuadamente las declaraciones testimoniales con la prueba documental. Además, consideró que la Corte no había evaluado correctamente las responsabilidades de los cuadros intermedios que habían sido, por lo tanto, absueltos. La Fiscalía no presentó ninguna prueba adicional, más bien pidió que se volvieran a convocar varios testigo ya escuchados en primera instancia.
Los abogados que más se extendieron en sus discursos frente a la Corte fueron Speranzoni y Fabio Galiani. Andrea Speranzoni defiende varios familiares de las víctimas de Chile y Uruguay; fue además nombrado abogado de la República Oriental del Uruguay en la apelación.
Foto durante las audiencias. Cortesía de Lilia Di Monte.
Speranzoni, después de realizar un viaje por el Cono Sur en septiembre de 2018, fue el único que presentó nuevas pruebas documentales y testimoniales. El abogado hizo hincapié en que, a pesar del paso del tiempo desde la comisión de los delitos y del océano de distancia que separa Italia de América del Sur, la Corte se enfrentaba a una realidad cercana, debiendo investigar delitos internacionales, donde tanto las víctimas como algunos de los imputados eran ciudadanos italianos.
Speranzoni indicó como, después de la sentencia de primera instancia, pudo realizar nuevas búsquedas en los archivos pertenecientes a las fuerzas armadas en Uruguay, en particular accediendo a los archivos del FUSNA (Fusileros Navales). En este, pudo revisar varias carpetas sobre la colaboración entre el FUSNA y la ESMA de Argentina (Escuela de Mecánica de la Armada) en el marco de la Operación Cóndor. Allí encontró un informe redactado por el imputado, el capitán de navío (r.) Jorge Néstor Troccoli, donde describía su relación con el conocido marino argentino Alfredo Astíz, el “ángel de la muerte”, y los operativos represivos realizados conjuntamente tanto en Argentina como en Uruguay. Igualmente, Speranzoni citó documentos recientemente desclasificados del gobierno de Estados Unidos, que destacaban la estrecha relación entre el FUSNA y la ESMA en esos años, relatando abiertamente el traslado “silencioso” de prisioneros de un país al otro.
El 12 de noviembre, Galiani aclaró que, más allá de estar a favor de la reconsideración de pruebas, el mismo ya había presentado en la primera instancia miles de documentos “suficientes” para probar el papel central desempeñado por Troccoli en el FUSNA y su responsabilidad en los delitos. El abogado argumentó que no apoyaba la postura de recopilar “más pruebas por sí mismas.” Afirmó que la documentación añadida por Speranzoni tenía “sí un valor histórico, pero no uno jurídico.” Galiani señaló además que los testigos adicionales tampoco “podían aportar nada nuevo.” En un intento de marcar distancia con Speranzoni, analizó repetidamente su desempeño como abogado de la ROU, aseverando que él ya había aportado todo lo necesario y que, sencillamente, la sentencia de primera instancia lo “había ignorado”.
A diferencia de Galiani, todos los otros abogados de los familiares –entre ellos Arturo Salerni, Mario Angelelli, Luca Ventrella, y Alicia Mejía- respaldaron a Speranzoni.
< p style="text-align: center;">Troccoli (izq) y Guzzo (derecha). Foto cortesía de Nadia Angelucci.
Finalmente, los defensores de los imputados colectivamente rechazaron la solicitud de re-evaluación de pruebas, aludiendo en particular a dos cuestiones técnicas. Por un lado, acusaron a la Fiscalía y a la Procura General de la República de no haber cumplido correctamente con los plazos de la apelación y, por el otro, cuestionaron la ciudadanía italiana de las víctimas en el juicio. El defensor de Troccoli, Francesco Guzzo, habló largamente frente a la Corte. En particular, expresó como los nuevos documentos presentados por Speranzoni no eran en realidad “desconocidos,” sino que “siempre habían estado en sus sedes naturales, es decir en los archivos militares”, afirmando que la ROU “ahora nos quiere hacer creer que no tenía acceso a esos archivos antes!” Asimismo, Guzzo se refirió explícitamente a las palabras de Galiani quien, como anterior abogado de la ROU, había asegurado que esos documentos ya existían y no decían nada distinto a los examinado en la primera fase del juicio. También calificó como de “absolutamente irrelevantes” a los nuevos testigos. Finalmente, refiriéndose de su defendido, aseguró que Troccoli “vivía entre los papeles” y era “un suboficial insignificante,” sin ningún poder decisional.
Los debates animados que caracterizaron las dos audiencias de noviembre -no solo entre la acusación y la defensa, sino que también entre los mismos abogados de las víctimas- indican como el juicio se halle en una coyuntura clave. La consideración de las nuevas pruebas y testigos podría revertir muchas de las 19 absoluciones dictadas en primera instancia.
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